En España las acciones del Gobierno para salvar a una entidad financiera pasarían por una intervención similar a que se llevó a cabo en Banesto.
El Gobierno está preparado para inyectar capital en las entidades financieras que lo necesiten.
La inyección de capital por parte del Estado, sería sólo una de las opciones que tendrá el Ejecutivo para ayudar a una entidad con problemas. En los casos más extremos, estarían la intervención y la nacionalización.
Lo normal es que una entidad con problemas primero buscaría la entrada de socios privados en su capital. En el caso de que no encontrara inversores o la aportación de éstos fuera insuficiente, el Estado tendría que tomar posiciones en el capital del banco, siempre manteniendo su funcionamiento y control bajo manos privadas.
Las fórmulas que se plantean para entrar en el capital de las entidades es la adquisición de participaciones preferentes, acciones o cuotas participativas.
Una de las actuaciones más extremas sería la de intervenir una entidad. En el caso de que se produzca una intervención, no afectará a las entidades cotizadas y lo lógico es que se produzcan entre ellas movimientos de fusión con el apoyo del Gobierno.
El proceso que se seguiría en caso de que se produzca una intervención sería muy similar al que se llevó a cabo en Banesto en 1993.
La decisión de intervenir un banco la tomaría el Gobierno aconsejado por el Banco de España. Acto seguido, se nombraría un interventor judicial, que tendría a su alrededor a un equipo de gestores y consejeros procedentes de otras grandes entidades financieras del país.
El nuevo órgano rector del banco elaboraría un informe en el que se analizan los problemas de la entidad y se detallan sus agujeros patrimoniales. Al mismo tiempo, se elabora un plan de saneamiento.
El siguiente paso sería organizar una subasta para que las entidades que lo consideren oportuno presenten sus ofertas por el banco intervenido. Lo lógico es que se realice mediante el procedimiento de sobre cerrado.
Si se realiza una intervención, tiene que haber algún banco privado con la posibilidad de poder comprar. Si este requisito no se cumple, se llegaría a la opción más extrema: la nacionalización de la entidad.
Banesto vio como tan sólo 24 horas después de que el Banco de España anunciara su intervención sus clientes retiraron de forma masiva millones de pesetas arrastrados por el pánico. El Gobierno se vio obligado a utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar el dinero de los ciudadanos que guardaban sus ahorros en Banesto.
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